Ley de Residuos y Suelos Contaminados: una oportunidad perdida para dar un verdadero impulso a la economía circular

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves 31 de marzo la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, una ley que tiene como objetivo impulsar la economía circular, reducir la generación de residuos y mejorar su gestión, pero que desde la industria de los plásticos vemos como una oportunidad perdida, ya que muchas de las medidas que incorpora van en contra de su propia finalidad.

Las principales medidas de esta nueva ley que afectan al sector de los plásticos son el impuesto a los envases plásticos no reutilizables, que grava con 0,45 euros cada kilo y que entrará en vigor en enero de 2023: y los objetivos de reducción de producción de productos plásticos de un solo uso en un 50% en 2026 respecto a 2022 y en un 70% para 2030, lo que en la práctica supone la casi total desaparición de estos productos. Ambas medidas suponen un duro golpe para el sector, son discriminatorias ya que solo afectan a los plásticos y desde la industria no creemos que sean una solución para fomentar la economía circular, sino que derivarán en la sustitución de unos materiales por otros, que en muchos casos serán menos eficientes y menos sostenibles que los plásticos.

Sesión plenaria LRSCDesde la industria valoramos positivamente el retraso en la aplicación del impuesto y, sobre todo, el hecho de que se haya introducido un mecanismo similar a la repercusión jurídica que permitirá a las empresas trasladar la carga impositiva a la siguiente fase de la cadena. Este mecanismo es un balón de oxígeno para la industria de los envases plásticos, que, según un estudio elaborado por la plataforma EsPlásticos −de la que ANAIP es miembro fundador− podría enfrentarse a la quiebra del 95% de sus empresas de no aplicarse esta medida jurídica.

Por el contrario, nos hubiera gustado que se aprobara la enmienda propuesta en el Senado para darle carácter finalista al impuesto y que los ingresos obtenidos a partir de él hubieran estado destinados a fomentar la circularidad y la sostenibilidad de la industria. Que no sea así solo demuestra el carácter recaudatorio de un impuesto que consideramos injusto y que va a afectar muy negativamente a muchas empresas del sector.

Desde la industria de los plásticos no estamos en contra de que se establezcan impuestos para mejorar la gestión de todos los residuos, pero no solo a los plásticos. De hecho, siempre hemos estado de acuerdo con el establecimiento de un impuesto al depósito en vertedero que recoge la ley. Para el sector, al final de su vida útil los plásticos no son residuos, sino recursos. Por eso nuestro objetivo es que ningún producto de plástico acabe en un vertedero.

En cuanto a la elaboración de la ley, aunque compartimos sus objetivos iniciales, creemos que se ha dejado pasar la oportunidad de legislar basándose en la evidencia científica y se penaliza a los plásticos sin contar con análisis de ciclo de vida completos que muestren cuáles son las mejores alternativas para cada tipo de material en cada tipo de aplicación.

En ANAIP creemos que el análisis del ciclo de vida de los productos debe ser la base para tomar cualquier tipo de decisión en materia de sostenibilidad y nos parece peligros que ese criterio se sustituya por otros que solo tienen en cuenta principios de marketing o de reputación.

También nos preocupa la distorsión en el mercado que puede provocar este impulso tan rápido al uso de materia prima reciclada. Tememos que la demanda pueda superar con creces a la oferta y provocar importantes subidas de precio.

Desde la industria esperamos que, a la larga, los criterios científicos se impongan en la toma de decisiones sobre sostenibilidad y creemos fundamental fomentar la conciencia crítica de la sociedad. Por eso nos parece positivo que la ley recoja la importancia de la educación ambiental para concienciar a la ciudadanía y fomentar la reducción de la generación de residuos, sean de los materiales que sean, la reutilización y el reciclaje. Solo así conseguiremos implantar una verdadera economía circular que garantice el equilibrio entre el desarrollo social, económico y medioambiental de nuestra sociedad.

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