Pagos que se retrasan o que, directamente, nunca llegan. Este es el caballo de batalla de muchas empresas españolas y la causa del cierre de muchas de ellas desde el inicio de la crisis. De hecho, según el “Informe sobre Morosidad: Estudio de Plazos de Pago en España 2016” de la PMcM –plataforma de la que es miembro Anaip- aunque el plazo medio de pago a proveedores se ha reducido en 2016, al 68 por ciento se les imponen plazos superiores a los que permite la ley.

El año pasado los proveedores del sector público tardaron una media de 71 días en recibir sus pagos (frente a los 75 días del año anterior), mientras que los del sector privado tuvieron que esperar 77 días (en lugar de los 85 de 2015). “Por tercer año consecutivo el sector público presenta un mejor comportamiento que el privado”, explica Antonio Cañete, presidente de la PMcM. Pero, aunque hay una tendencia a que se reduzcan estos plazos, todavía quedan lejos de los establecidos por la ley: 30 días en el sector público y 60 en el privado.

“En España, pagar tarde no solo es barato, sino que genera beneficios y se puede hacer desde una posición de dominio”, aseguró, de forma contundente, Antonio Cañete, que explica que muchas grandes empresas no dan posibilidad de elección a los proveedores pequeños.

A estos datos de plazos de pago hay que sumarles que, en caso de impagos, el 91 por ciento de los proveedores nunca o casi nunca exigen a los clientes morosos los intereses de demora. Además, según el estudio, el 96 por ciento de los proveedores no exigen la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

Aunque tienen a la ley de su parte, el presidente de PMcM, Antonio Cañete, cree que estas actitudes se deben al miedo de perder al cliente y al sistema de reclamación y no al desconocimiento. Por eso, el 93 por ciento de los participantes en el estudio estaría de acuerdo con la implantación de un régimen sancionador.

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