El 15 de septiembre terminó el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, un proceso en el que EsPlásticos, la plataforma de la que forman parte ANAIP y otras entidades de la cadena de valor de los plásticos, han hecho llegar sus peticiones y propuestas de mejora a los grupos parlamentarios. Desde la industria de los plásticos, y desde el sector de la transformación en particular, acogemos positivamente la aprobación de la ley como una oportunidad para potenciar la economía circular y para armonizar medidas a nivel nacional para que las Comunidades Autónomas legislen basándose en ella. Pero consideramos que hay enmiendas que se deberían considerar y aprobar para garantizar la sostenibilidad medioambiental y la viabilidad del sector de envases y embalajes.

La principal alegación del sector es la introducción de la repercusión jurídica del impuesto a los envases plásticos no reutilizables para garantizar su finalidad. Es decir, que los distintos intervinientes en la cadena de valor puedan trasladar la carga del impuesto a la siguiente fase, gravando así el consumo específico de determinados productos y asegurando el derecho del contribuyente de poder repercutir el importe del impuesto a su cliente.

Según los datos que maneja la industria, el impuesto (0,45 €/kg) supone más de un 20% de la cifra de negocio media de las empresas. La compra de materias primas en el sector de la fabricación supone más del 65%. A esto hay que sumarle los recursos energéticos y la mano de obra, con lo que los márgenes de beneficio de las empresas fabricantes suelen ser del 3 o el 4%. Si no se incluye la repercusión jurídica, la industria no solo no obtendría beneficios, sino que entraría en importantes pérdidas y se convertiría en inviable.

Además, un impuesto que implique la necesidad de que el contribuyente destine a su pago gran parte de su renta sería confiscatorio, al suponer una carga excesiva y no proporcional. En este sentido, la cadena de valor de los plásticos recuerda que tanto la Constitución Española (artículo 31) como la Ley General Tributaria (artículo 3) establecen que los impuestos no pueden ser confiscatorios. El sector de envases y embalajes tuvo un beneficio bruto anual de aproximadamente 400 M€ y el impuesto propuesto prevé recaudar más de 900 M€.

Otra de las demandas de la industria tiene que ver con los objetivos de reducción del consumo de determinados productos de plástico de un solo uso, que el proyecto de ley sitúa en el 50% en 2026 respecto a 2022 y en el 70% en 2030. Unos objetivos que supondrían la práctica desaparición de los productos afectados y que la industria propone situar en el 30 y el 50% respectivamente para que sean justos, realista y alcanzables.

Por otra parte, unos objetivos tan altos no favorecerán la reutilización y la prevención de los residuos, sino que se traducirán en la sustitución de los plásticos por otros materiales de un solo uso, muchos de ellos multimateriales, que son más difíciles de reciclar y que generarán tanta o más cantidad de residuos, ya que los envases de papel, cartón o vidrio son más pesados que los de plástico y tienen una huella de carbono mucho mayor.

Además, esta sustitución puede suponer un importante problema en cuanto a seguridad alimentaria, ya que no existe un material alternativo a los plásticos que ofrezca las mismas garantías. De hecho, la tendencia a reducir el uso de plásticos en los envases ya se ha traducido en un aumento de las alertas alimentarias en la Unión Europea del 17%, tal como se recoge en el sistema de alertas de la UE, RASFF.

Pero los envases plásticos no solo ofrecen ventajas en términos de seguridad alimentaria. Ningún material alternativo puede competir con los plásticos en cuanto a eficiencia a lo largo de todo su ciclo de vida: los envases de plástico son, de media, cuatro veces más ligeros que los fabricados con otros materiales, lo que permite envasar la misma cantidad de alimentos o bebidas con menos materia prima. Esta ligereza permite también transportar la misma cantidad de productos con menos viajes, favoreciendo una logística más sostenible y la minimización del consumo de combustible y de emisiones de CO2.

La industria también propone modificar el plazo para acreditar la cantidad de plástico reciclado que contienen los productos sujetos al pago del impuesto para dar tiempo a las empresas a adaptarse. Hoy en día, no todas las empresas que ponen productos de plástico reciclado en el mercado disponen de certificaciones de entidades acreditadas y el plazo para obtenerlas suele alargarse por cuestiones administrativas. Por eso, desde el sector solicitamos que haya un plazo transitorio para que las compañías tengan tiempo de obtener las certificaciones y que, mientras tanto, se pueda justificar la cantidad de material reciclado mediante una declaración responsable.

Además de incorporar cada vez más cantidad de plástico reciclado en la fabricación de nuevos productos, la industria está invirtiendo en I+D+i para conseguir plásticos procedentes de fuentes renovables así como plásticos biodegradables y compostables que puedan utilizarse en múltiples aplicaciones en las que aporten valor. Al final de su vida útil, algunos se gestionan como los plásticos tradicionales y otros se biodegradan o se compostan. Desde la industria solicitamos reducir el tipo impositivo a la mitad (0,23 €/kg) en los envases de plástico de origen renovable así como establecer una exención para determinados productos de plástico compostable, que se depositan y tratan junto a la materia orgánica y a nivel europeo se contabilizan como reciclados.

En Italia, que es el único país de la UE junto con España que está desarrollando un impuesto a los envases plásticos, los compostables se contemplan como un supuesto de no sujeción. Estas diferencias hacen que la industria española pierda competitividad y que se generen ventajas competitivas para ciertos productores en función del país de la Unión desde el que operen.

Estas son las principales demandas del sector de los plásticos respecto al proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aunque también hay otras peticiones como que se limite la exención a la importación o adquisición intracomunitaria de envases, estableciendo que el límite de 5 kg se ciña al plazo de un mes; o que se establezca una exención para los filmes utilizados para sujetar las mercancías en el transporte que incluyan un contenido en reciclado de al menos un 30%, dado que su uso es obligatorio según la normativa de transporte para evitar el desplazamiento de la carga.

Con sus aportaciones, la industria busca que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados promueva la sostenibilidad y que no se produzcan sustituciones de materiales basadas únicamente en campañas de imagen, sin análisis de ciclo de vida que las avalen. El sector es consciente de la necesidad de seguir avanzando en el reciclaje y el uso de material reciclado, pero advierte también de que hoy en día no existe una alternativa real que ofrezca los beneficios que proporcionan los plásticos para muchas aplicaciones y que la sustitución por otros materiales puede tener consecuencias más graves para el medio ambiente e incluso la salud de las personas.

Los plásticos no son el problema, pero sí los residuos de cualquier material abandonados en el medio ambiente. Por lo que debemos incidir en el problema real y, para ello, la industria también propone incluir un artículo que refuerce la importancia de la educación ambiental y sensibilización para fomentar la prevención y el reciclado de los residuos y reducir el abandono de residuos en la naturaleza. Todos los agentes debemos trabajar unidos con el objetivo de ofrecer soluciones cada vez más sostenibles y crear cada vez más conciencia en la ciudadanía en relación con el reciclaje. 

La industria de plásticos española considera que hay que avanzar en la vía de la colaboración y no de la imposición, por lo que brinda su apoyo a la Administración para lograr que se cumpla de manera efectiva ese objetivo medioambiental que todos perseguimos.