El Consejo de Ministros aprobó el martes 18 de mayo el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, un texto que –entre otras medidas– incluye la creación de un impuesto de 0,45 euros por kilo para los envases plásticos no reutilizables y otro de depósito en vertedero. Desde ANAIP y desde el sector de la transformación de plásticos acogemos de forma positiva todas las iniciativas encaminadas a implantar la economía circular, cuidar el medio ambiente y conseguir una industria cada vez más sostenible, pero creemos que esta ley incluye medidas discriminatorias y desproporcionadas para nuestra industria que van en contra del propio objetivo general de la norma.

Así, desde la plataforma EsPlásticos, de la que ANAIP es uno de los socios fundadores, creemos que, tal como está planteada, esta ley no previene la generación de residuos y puede poner trabas a la implantación de la economía circular en un sector, el de los plásticos, que está volcado en fabricar artículos más reciclables, en incorporar cada vez más material reciclado a sus productos y en innovar en modernos procesos de reciclado.

El impuesto a los envases plásticos no reutilizables constituye una medida discriminatoria, ya que solo se fija en los envases de plástico y no de otros materiales que también son susceptibles de acabar en el medio ambiente. Asimismo, el impuesto no supondrá un beneficio para el medio ambiente, dado que provocará un cambio hacía envases y productos de otros materiales menos eficientes y más pesados, lo que generará un aumento en el total de residuos y que los nuevos envases necesiten consumir más recursos para su almacenaje y transporte.

Por otro lado, consideramos desmesurados los objetivos de reducción del 50% en 2026 y del 70% en 2030 en el consumo de envases de comida y bebida de un solo uso, puesto que el propio Consejo de Estado en su dictamen pone de manifiesto que dichos objetivos de reducción no cuentan con una justificación o análisis del impacto que los avale. Creemos que merece la pena destacar el hecho de que Portugal, en la trasposición de la Directiva, ha fijado objetivos del 30% para 2026 y del 50% para el 2030 incluyendo a todos los envases de un solo uso independientemente del material con el que estén fabricados, lo que parece más alineado con el objetivo de impulsar la economía circular.

Valoramos positivamente que fruto de las observaciones del sector en la fase de consulta pública del Anteproyecto de Ley, se establezca un impuesto de carácter indirecto para erradicar el depósito en vertedero de aquellos residuos que no han pasado por un proceso de reciclaje finalista, una práctica no prioritaria desde el punto de vista de la jerarquía de residuos, que se verá desincentivada con esta medida fomentándose el reciclaje.

Para el sector, el depósito de los residuos en vertederos es la práctica que debe penalizarse, en lugar del uso de un material concreto para los envases no reutilizables, ya que es la que frena la economía circular y supone un desperdicio de plásticos (y de otros materiales) que podrían reciclarse y volver al ciclo de producción.

El sector defiende que todo producto plástico al final de su vida útil es un recurso, por eso deben potenciarse opciones de reutilización o de gestión y valorización del residuo, ya sea a través del reciclado mecánico, el químico o el orgánico y siguiendo siempre el principio de jerarquía de la gestión de residuos, por el que debe primar la valorización energética de los rechazos no valorizables frente al vertido.

Más información:

• En la página web del Ministerio para la Transición Ecológica se puede consultar más información sobre el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
  
• En la página web de EsPlásticos está la posición de la industria de los plásticos al respecto del proyecto de ley.