Ciudadanos se compromete con la PMcM a impulsar el régimen sancionador y otras medidas contra la morosidad

Antoni Cañete, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad -de la que es miembro ANAIP– se ha reunido con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el Congreso de los Diputados, para impulsar acuerdos que pongan freno a la morosidad.

 “La formación de Albert Rivera se ha mostrado muy colaboradora, manifestando su compromiso de hacer avanzar temas de vital importancia como la instauración de un régimen sancionador que penalice a las empresas morosas, la agilización de la recuperación del IVA no cobrado y la modificación de la ley de contratación pública, actualmente en trámite parlamentario –explica Cañete–. De llevarse a cabo estas medidas, sin duda se reduciría la morosidad”.

Albert Rivera y Antoni Cañete coinciden en que “no puede haber una ley de morosidad sin un código de sanción” y urgen a que “continúe su tramitación en el Congreso para que sea ya una realidad”.

En este sentido, el presidente de la PMcM desea que se tenga cerrado un acuerdo al respecto para el 20 de abril, día en el que la plataforma celebrará en CaixaForum Madrid su IV Cumbre Político-Empresarial. “Albert Rivera ha confirmado su participacióny esperamos contar con la más alta representación por parte del Gobierno y también con el resto de grupos políticos al completo, puesto que todos ellos incluyeron la propuesta del régimen sancionador en sus últimos programas electorales”, confiesa.

Respaldo a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público

El régimen sancionador es una de las medidas históricas de la PMcM a la que Ciudadanos ha mostrado su apoyo, pero no la única. La formación también ha respaldado las enmiendas a la Ley de Contratos del Sector Público que la plataforma presentó con PIMEC y CEAC representando a más de 1.5 millones de empresas, y que se refieren tanto a la comprobación obligatoria por parte de la Administración de los plazos de pago de los contratistas a los subcontratistas, como a la eliminación de la posibilidad de pactar plazos de pago superiores a los legales en función del medio de pago.

En cuanto al plazo máximo de aprobación de certificaciones, Ciudadanos lo fija en 45 días frente a los 30 de PMcM. Y en lo referente a lo que plantea la PMcM sobre eliminar el ejercicio de la acción directa de los subcontratistas frente a la Administración, Ciudadanos propone permitir la acción directa si se establece la posibilidad en los pliegos de licitación.

Durante esta reunión, Antoni Cañete hizo hincapié en la necesidad de agilizar la recuperación por parte de las empresas del IVA no cobrado. La propuesta de la PMcM pretende “mitigar el efecto sobre la liquidez de pymes, microempresas y autónomos, que se produce por el retraso en el pago de facturas por parte de sus clientes, generado por la obligación de anticipar el IVA no cobrado”, señala.

El procedimiento consiste en que el emisor emite su factura en el momento de realizar la operación con la repercusión del IVA correspondiente, que ingresa en la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT). Transcurrido un mes desde el cumplimiento del plazo máximo legal de pago sin que se haya producido el cobro de la factura, el emisor notificará este hecho a la AEAT en un modelo de declaración establecido al efecto. Simultáneamente, el emisor rectifica la factura emitida, anulando la repercusión del IVA. En la declaración del IVA subsiguiente, el emisor se deducirá el IVA previamente ingresado. Desde este momento, el cliente del emisor pasa a ser deudor de AEAT por importe equivalente al IVA de la operación, teniendo que enviar la AEAT al cliente una liquidación del IVA incrementada con un cargo del 10%.

Entre otras ventajasde este sistema, la PMcM destaca que se implica a la Agencia Tributaria en el problema de la morosidad; que el recargo del 10% en la liquidación que emite la Agencia Tributaria penaliza el retraso en el pago del IVA por parte del cliente; que la liquidación del IVA con recargos al cliente evita el control de la rectificación del IVA soportado en el momento de recibir la factura rectificativa; y que este sistema no afecta a la deducibilidad del IVA soportado por parte del cliente a partir del momento en el que haya recibido la factura inicial. El recargo del 10 por ciento viene a compensar el perjuicio para la Administración Tributaria que se produce por el hecho que la deducción de IVA sea anterior a su ingreso.

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